Según un comunicado oficial publicado por el Tribunal Popular Intermedio de Wuhan el 2 de noviembre, la demanda se interpuso inicialmente el 7 de mayo de 2025. La lista original de demandados incluía al estado de Misuri y a los antiguos fiscales generales Eric Schmitt y Andrew Bailey. A petición de los demandantes, el tribunal añadió en diciembre de ese mismo año a la actual fiscal general, Catherine Hanaway, como codemandada, con lo que los cuatro demandados pasaron a formar parte de este caso civil con implicaciones internacionales.

Los demandantes alegan en su demanda que varios fiscales de Misuri iniciaron y promovieron una serie de demandas en Estados Unidos, difundieron información falsa y realizaron comentarios estigmatizantes y discriminatorios, lo que causó daños a la reputación y pérdidas económicas a los demandantes. Solicitan al tribunal que ordene a los demandados que cesen en dicha conducta, emitan una disculpa pública, eliminen los efectos adversos, restablezcan su reputación y paguen una indemnización.

El caso tuvo su vista pública en el Tribunal Popular Intermedio de Wuhan el 30 de octubre. En su breve comunicado, el tribunal indicó que la vista había concluido y que el caso sigue en curso, sin que se haya dictado sentencia por el momento. Las autoridades de Misuri aún no han emitido ninguna respuesta pública hasta la fecha.